Cataluña exigirá el catalán a los nuevos profesores universitarios

- Noticia en EL PAÍS de hoy -

SEBASTIÁN TOBARRA - Barcelona – 08/02/2010

Visitantes y eméritos quedan eximidos y los campus podrán hacer excepciones

Tener el nivel C de catalán será obligatorio para los nuevos profesores en el momento de acceder a un puesto estable en las universidades catalanas o, en algunos casos, cuando su contrato temporal supere el plazo de dos años. Esta exigencia consta en un proyecto de decreto que prepara la Generalitat de Cataluña. El borrador se está debatiendo con las universidades. A éstas se les dejarán algunos márgenes de maniobra para que puedan decidir algunas excepciones. La Generalitat quiere tener aprobada la norma en dos o tres meses.

Quedarán exentos del requisito de acreditar el nivel C de catalán -un nivel medio-alto- los actuales profesores que obtuvieron su plaza a través de “concursos de selección y acceso de profesorado funcionario y contratado que ya estén convocados a la entrada en vigor de este decreto”, dice el proyecto. Es decir, los profesores fijos que ya tienen plaza quedarían eximidos. También quedarían exentos “los profesores eméritos, los visitantes y los que desarrollen una actividad académica honoraria”.

No es la primera vez que el Departamento de Universidades de la Generalitat, dirigido por Josep Huguet, de Esquerra Republicana, hace una propuesta con la exigencia del catalán para los profesores universitarios. Pero es la primera vez que lo hace con un borrador de decreto. En junio de 2008 ya hubo un acuerdo sobre la exigencia del nivel C de catalán en el órgano que reúne a los rectores y a la Generalitat, el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). Pero el asunto no pasó de ahí.

La Generalitat dice que la base legal del decreto que prepara se apoya en el Estatuto catalán y en la Ley de Universidades de Cataluña, referida esta última a “la obligación de los profesores universitarios de conocer suficientemente las dos lenguas oficiales”. Y también en la Ley de Política Lingüística, que dice que el estudiante “tiene derecho a expresarse en la lengua oficial que prefiera”.

Éstos son los distintos tipos de profesores que se verían afectados por la exigencia de acreditar el nivel C de catalán:

- Los profesores de los cuerpos docentes de las universidades públicas deberán acreditar el nivel de catalán “en los concursos de acceso convocados”.

- Los catedráticos y profesores contratados y agregados de las universidades públicas. También para ellos será requisito el nivel C de catalán “en los concursos convocados por las universidades”.

- Lectores y ayudantes. Han de demostrar el nivel de catalán en los concursos de selección, siempre que su contrato tenga una duración superior a dos años. Pasado este plazo, la prórroga “requiere acreditar el conocimiento del catalán a través de los medios de acreditación previstos en este decreto”.

- Profesores asociados en universidades públicas. Deberán acreditar el nivel C de catalán “cuando el tiempo total de duración de su contrato inicial sumado a las respectivas renovaciones sea superior a dos años”.

- En las universidades privadas, el conocimiento del catalán “se ha de prever en los procesos de selección o contratación”.

Se deja a las universidades que puedan hacer algunas excepciones. El borrador dice que las universidades “pueden eximir al profesorado de la acreditación del requisito del conocimiento del catalán en función de la temporalidad o las características específicas de sus tareas vinculadas a la investigación o a la docencia en terceras lenguas [extranjeras], siempre que se acredite el conocimiento suficiente de estas lenguas”.

Otro margen de maniobra que tendrán las universidades consiste en que, “en los casos que lo justifiquen”, podrán requerir al profesorado permanente que acrediten el nivel C con posterioridad a los procesos de acceso y selección para “potenciar y favorecer la captación de talento”. Las universidades tendrán seis meses, desde que se apruebe el decreto, para hacer una normativa interna que regule estas excepciones.

Varios profesores de fuera de Cataluña creen que debería haber más flexibilidad para aplicar el decreto en ciernes. “La obligatoriedad puede tener sentido en la enseñanza obligatoria para socializarse en el medio en que está el alumno, pero en absoluto en la universidad, donde lo importante es la internacionalización y el intercambio de docentes e investigadores”, dice Antonio Bolívar, de la Universidad de Granada. Para Rafael Feito, profesor de la Complutense de Madrid, la norma “debería ser más flexible y pedir siempre el requisito después de obtener la plaza para no privar de que entren los mejores”. Juan Manuel Escudero, profesor de la Universidad de Murcia: “No dudo de que la norma tenga apoyatura legal, pero sería razonable que no haya una exigencia previa para que las cosas se hagan con naturalidad”.

2010
02/08
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El sueño de ser ‘mileurista’

- Noticia en EL PAÍS de hoy -

MARTA COSTA-PAU - Barcelona – 07/02/2010

1,4 millones de catalanes ganan menos de 1.000 euros al mes – Los sindicatos quieren que la cifra sea el ’suelo’ salarialLa patronal se niega a eliminar los sueldos inferiores a 1.000 euros

“De mayor no quiero ser mileurista”, reza una pintada estampada en el muro de una calle de Barcelona que expresa el deseo de una generación que anhela un empleo digno en un mercado laboral que le da la espalda. Hasta tal punto de que, para muchos, el sueño ya no es ser algo más que mileurista, sino que la nómina llegue a alcanzar como mínimo 1.000 euros. Son los inframileuristas, una etiqueta que pesa como una losa sobre muchos asalariados en Cataluña, donde la gran mayoría de los 159 convenios colectivos sectoriales, 101 en total, incluyen categorías laborales con salarios inferiores a 1.000 euros mensuales, según UGT. Los datos demuestran que queda aún mucho trecho por recorrer hasta lograr que no haya “ningún convenio por debajo de los 1.000 euros”, meta que este sindicato se fijó hace tres años en la campaña Ponte a 1.000, por la que se comprometía a no firmar ningún convenio que incluyera sueldos por debajo de este umbral. Los tres años de campaña, en los que UGT ha actuado codo a codo con CC OO, han dejado un balance con sabor agridulce.

Las cifras se recogen en el informe La situación de los trabajadores inframileuristas, elaborado por UGT a partir de datos de la Agencia Tributaria. Las cifras son aproximadas, ya que no incluyen a asalariados a los que no se aplica retención porque sus sueldos son ínfimos, ni a otros con regímenes especiales, como los del trabajo doméstico o algunos autónomos.

“Lamentablemente, aún quedan más de 1,4 millones de catalanes que cobran menos de 1.000 euros al mes, lo que supone el 40% de los asalariados. Pero en sentido positivo puede celebrarse que en tres años (de 2006 a 2008) hemos reducido el colectivo deinframileuristas en 260.000 personas, es decir, en un 15,5%”, señala Camil Ros, secretario de política sindical de UGT.

Pulso con la patronal

Pese a la crisis, que según los sindicatos les ha impedido tener resultados más brillantes en el pulso que mantienen con las patronales para erradicar el inframileurismo, se han conseguido progresos, asegura Ros. Los convenios que ya no incluyen salarios de menos de 1.000 euros suman 58, frente a los 11 que había en 2007.

“Hemos logrado que se supriman los salarios inferiores a 1.000 euros en convenios tan significativos en el ámbito sectorial y provincial como el de la hostelería y el de oficinas y despachos de Cataluña, o el de la industria del metal y el del comercio del metal de Barcelona”, explica Ros. Estos cuatro convenios afectan a 546.250 trabajadores, casi un tercio de los asalariados que están bajo el paraguas de los 159 convenios colectivos que hay en Cataluña.

El mismo logro se apuntan los sindicatos en el convenio del comercio de Girona, donde abundaban los salarios de 700 euros, y en el de la siderometalurgia de Tarragona, donde se ha “conseguido incrementar el sueldo entre el 6,08% y el 6,27% a más de 10.500 personas”, indica el dirigente de UGT.Pero junto a los éxitos, los sindicatos también suman fracasos, o como mínimo, arduas batallas, como la que mantienen con la patronal de hostelería de Girona, cuyo convenio está “encallado” por la negativa sindical a aceptar salarios inframileuristas, explica Simón Rosado, secretario de accción sindical de CC OO. También se prevé dura la lucha de los sindicatos en sectores como el de geriatría y el de la limpieza, así como en la negociación con la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación de Municipios de Cataluña (AMC) para que en la contrata o subcontrata de servicios municipales a empresas externas los ayuntamientos no acepten salarios inferiores a 1.000 euros.

Rosado asegura que las dificultades para negociar con las patronales se agudizaron en 2008 con el estallido de la crisis. Aunque los sindicatos sostienen que la subida de los salarios es “una medida clave para reactivar el consumo y salir de la crisis”, los empresarios no están dispuestos a aceptar la supresión de los salarios inferiores a 1.000 euros por norma y de forma generalizada.

“Imponer para todos los sectores la eliminación de los 1.000 euros es introducir un componente de rigidez incompatible con los principios de la negociación colectiva”, reprocha a los sindicatos el director del departamento de Relaciones Laborales de la patronal Fomento del Trabajo, Javier Ibars. En su opinión, debe analizarse en cada ámbito sectorial si es posible o no eliminar el inframileurismo “en función de aspectos como el consumo o la productividad del sector”. “Hay que recordar que todos los convenios, incluidos los que engloban categorías por debajo de los 1.000 euros, son fruto de una negociación en la que participaron también los sindicatos”, señala Ibars.

Forma de pobreza

El inframileurismo, o sea, no llegar a 1.000 euros de salario, tiene rostro de mujer, de joven y de origen inmigrante. Éstos son los tres colectivos más castigados por esta forma de pobreza que no entiende de titulaciones académicas. Porque muchos de estos trabajadores cuya nómina nunca ha superado las tres cifras han invertido varios años en estudiar una o más carreras, pero sus títulos son papel mojado en el mercado de trabajo. Según el informe de UGT, el 72% de los asalariados de entre 18 y 25 años soninframileuristas, un porcentaje que se dispara hasta el 88,7% en el caso de los jóvenes de menos de 18 años. En el colectivo femenino, el inframileurismo afecta al 49% de las asalariadas. El porcentaje es aún superior, del 67,3%, entre los inmigrantes ocupados.

2010
02/07
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Mercado laboral
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Carta de RedSOStenible a los jueces contra la ley antidescargas

- Noticia de ayer en EL PAÍS -

- Texto original de la carta de RedSOStenible -

RedSOStenible, una plataforma que agrupa a internautas y colectivos en contra del proyecto del Gobierno de crear una comisión administrativa que inste el cierre de sitioswebs que puedan estar infringiendo derechos de autor, tras una autorización judicial sumarísima, ha remitido una carta a jueces y organizaciones de magistrados exponiendo las razones de su oposición al proyecto.

En la misma explican que “nos dirigimos a usted por cuanto consideramos que dicha iniciativa supone un atentado a la separación de poderes y las competencias que actualmente tiene constitucionalmente asumidas el Poder Judicial, cuyos integrantes suponen los más inmediatos garantes de nuestros derechos constitucionales. La razón fundamental de todo ello es que dicha Disposición Final Primera, con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web. Dicha previsión puede atentar a la facultad exclusiva de los jueces, reconocida en el art. 20.5 CE, de acordar el secuestro de cualquier medio de información”

Según Red SOStenible, “los conflictos en materia de propiedad intelectual, han de ser resueltos ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen mecanismos ágiles para defender los derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El procedimiento sumarísimo de 4 días previsto en el anteproyecto no reúne las debidas garantías, al privarse al Poder Judicial de la posibilidad de sopesar adecuadamente, con rigor y con sosiego, si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente un derecho fundamental como es la Libertad de Expresión.”

Hoy el Consejo del Poder Judicial debe pronunciarse sobre el proyecto del Gobierno, aunque en un informe previo el mayor reparo que presentan es la duda sobre la capacidad de Audiencia Nacional para absorver este incremento de tareas. El citado informe no discute la legalidad del proceso. El martes, el ministro de Justicia español manifestó que la nueva ley se aplicará a las webs que “sistemáticamente” se dediquen a ofrecer descargas de archivos protegidos por copyright.

2010
01/28
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C’s: No se debe vincular delincuencia con inmigración

- Nota de prensa C’s -

En épocas de crisis aumenta la inseguridad pero no podemos criminalizar a los inmigrantes porque los responsables de los delitos son los individuos que los cometen y no el colectivo al que pertenecen

En periodos de crisis económica, antes o después, la inmigración acaba por pasar a primera línea de la actualidad política y suelen aparecer opiniones y oportunistas políticos que vinculan delincuencia con inmigración desviando hacia los inmigrantes una responsabilidad que es de los Gobiernos y partidos políticos.

Es en momentos de crisis cuando mejor se pone de manifiesto una mayor presión, una mayor demanda, sobre los servicios públicos como la sanidad o la educación; los asistenciales como subsidios, becas o comedores escolares; así como sobre los escasos empleos y puestos de trabajo; lo que genera, especialmente en países con recursos bastante limitados, la incomprensión y el rechazo por parte de los más desfavorecidos hacia los inmigrantes.

En épocas de crisis también aumenta la inseguridad pero no podemos criminalizar a los inmigrantes porque los responsables de los delitos son los individuos que los cometen y no el colectivo al que pertenecen.

Para C´s la inseguridad y la xenofobia se combaten con políticas realistas que, por un lado, aumenten el numero de policías por habitante, incrementen la coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad y los dote de más y mejores medios y recursos, y por otro, aumenten la regulación efectiva de los flujos migratorios vinculándolos a las necesidades laborales y productivas y refuercen los mecanismos de contratación en origen así como los de retorno a su país de los inmigrantes irregulares, especialmente los que hayan cometido delitos, en coordinación con el resto de la Unión Europea.

2010
01/27
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El PP, de acuerdo con el Gobierno

- Noticia en la web de la Asociación de Internautas -

Ayer se conocía la noticia de que toda la oposición en el Congreso se oponía a la ya famosa Disposición Final 1ª (DF1) de la LES sobre la posibilidad de cerrar páginas webs sin una resolución judicial motivada.

21-01-2010 - Es decir, que toda la Cámara baja dejaba solo al Gobierno en su intento de implantar la censura en Internet. Mientras la Red celebraba el hecho de que por fin muchos políticos habían descubierto la verdad sobre la LES y lo irracional,arbitrario y esperpéntico de la medida nos iban llegando noticias contradictorias en el sentido de que finalmente el PP primero, y CIU después, no se adherían a la declaración.

El PP se adhería al resto de grupos de la oposición parlamentaria inicialmente pero más tarde se desmarcaba de ese mismo grupo, algo que causó una gran sorpresa en la Red. Muchos no entendían nada. Si el trabajo de la oposición consiste precisamente en llevar la contraria al gobierno (con mayor o menor justificación, según los casos) y si tenemos en cuenta que la LES ha levantado ampollas en toda la sociedad (y hasta dentro del propio grupo socialista) no se entiende muy bien que el PP se alíe con el gobierno del PSOE en todo esto. O quizás, muy al contrario, se entiende demasiado bien.

Preguntada por este hecho, la diputada Fátima Báñez aclaraba (o más bien, se excusaba en) que ya no tenían que oponerse porque realmente el Gobierno se acercaba a las tesis del PP ya que ahora sí defendían la intervención de los jueces ante lo que muchos consideran el equivalente al secuestro de un medio de comunicación, algo más propio de otras épocas y otros regímenes. La excusa era que la LES no estaba “negro sobre blanco” al completo y que por tanto, esperarían a ver el texto. Como si el PP hubiera necesitado alguna vez tener un texto antes de criticar las intenciones del Gobierno en cualquier asunto.

Sin embargo, absolutamente nada había cambiado desde que el PP se unía al resto de la oposición y hasta el momento que decidía desmarcarse de esta iniciativa El PP sabía y sabe que el Gobierno no ha hecho más que intentar crear una y otra vez, camuflándolo de diversas formas, un órgano administrativo al margen de la judicatura que les permitiera decidir sobre la vida y la muerte en Internet. El PP sabía y sabe que no puede confiar en un Gobierno que, desdiciéndose de sus posturas continuamente, no tiene credibilidad alguna y, a pesar de eso, parece ser que en este asunto sí confía ciegamente en que el Gobierno está haciendo lo correcto.

Ante la justificación de lo injustificable, parece bastante más probable que una vez que se adhirieron a esta postura, recibieran una llamada de mucho más arriba para que abandonaran la iniciativa. Señora Báñez: los ciudadanos internautas no se dejan manipular ya con facilidad, y mucho menos con excusas baratas como ésta. La ciudadanía internauta sabe perfectamente que ustedes, por ejemplo, defienden el canon digital. Se les podrá llenar la boca de bonitas palabras en contra del mismo pero el hecho es que la señora Rodríguez-Salmones no fue cesada como portavoz de Cultura de su grupo cuando defendió con uñas y dientes el abuso del canon. Lo único que se hizo, mucho más tarde y sin que se notara demasiado, fue cambiarla de puesto para que pareciese que no estaba. Pero ahí sigue.

Y estas absurdas declaraciones de la señora Báñez ponen de relieve que el PP está completamente de acuerdo con el PSOE a la hora de cerrar páginas webs saltándose uno de los pilares básicos del sistema democrático: el Poder Judicial.

Si el PP no realiza una declaración expresa en contra de la DF1 de la LES y se suma de nuevo al resto de grupos de la oposición, habrá quedado meridianamente claro cuál es su posición al respecto. Como ya se dijo desde Red SOStenible, cosas como éstas tienen un importante coste electoral pero también es posible que intereses superiores a los de partido (tanto en el PP como en el PSOE) pesen incluso más que el alimento básico para la supervivencia de un político: el voto.

Lo peor para una democracia no es tener un mal gobierno. Lo peor para una democracia es tener una mala oposición, a la cual no pueda dirigirse la ciudadanía para evitar los abusos del poder. Cuando alguien no tiene interés alguno en convertirse en gobierno algún día, no se le puede forzar a ello, pero es bastante probable que los ciudadanos acaben dándole la espalda a causa de su pasividad.

Los internautas son por lo general usuarios hiperconectados e hiperinformados a los que es muy difícil ya tratar de manipular desde los partidos y los grandes grupos de comunicación. Tener la posibilidad de acceder a cualquier información y a cualquier opinión sobre ésta así como la posibilidad de compartir y discutir este conocimiento y opinión con millones de usuarios en tiempo real desarrolla el sentido crítico y permite separar información y manipulación con más eficacia. Es por esto que muchos de nuestros gobernantes -y de los que aspiran a serlo- pretenden convertir a Internet en una tele, donde el pensamiento sea dirigido de manera unidireccional y es también por esto por lo que todos los internautas se rebelan, sabiendo que estos intentos han llegado demasiado tarde a la Red y que Internet no será otra tele

Quizás piensen que la ciudadanía en Red no tiene demasiado peso electoral pero lo cierto es que cada vez que asistimos a espectáculos bochornosos como éstos crece el descontento en Internet y surgen iniciativas para contrarrestar estos abusos que, cuando menos se lo espera uno, pueden dar sorpresas. Sólo el tiempo nos dirá cuál es el peso real de la ciudadanía internauta. Pero por lo pronto el tiempo ya nos ha dejado claro cuál es la postura del PP en relación a la libertad en la Red.

Asociación de Internautas

2010
01/22
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Ciudadanos apoya el manifiesto Libertad 2.0

C’s se une a las asociaciones organizadoras, para protestar contra el anteproyecto de ‘Ley de Economía Sostenible, que pretende liquidar derechos inherentes a las personas restringiendo su libertad.

El pasado martes 19, representantes de Ciudadanos (C’s) asistieron a la presentación de la plataforma Libertad 2.0 para apoyar el Manifiesto en Defensa de nuestra Libertad.

Desde siempre, C´s ha estado comprometido con las libertades individuales y ha apoyado aquellas iniciativas que protestan contra los intentos del estado de restringir la libertad de expresión y de mercado, en un intento de gravar y controlar, cada vez más, el libre ejercicio de dichos derechos.

Ciudadanos (C’s) se une así a las asociaciones Foro Liberal, la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles, el Club Liberal Español, La Rosa Blanca, Hazte Oír, Cuba en Transición, Profesionales por la Ética, Coruña Liberal, Foro Aragón Liberal y Convivencia Cívica Catalana, para protestar contra el anteproyecto de “Ley de Economía Sostenible”, que pretende liquidar derechos inherentes a las personas en claro menoscabo de las garantías constitucionales, con el fin de otorgar privilegios feudales a una industria obsoleta, tecnófoba y caduca que se resiste a introducir los cambios necesarios para adaptarse al progreso.

Ciudadanos exige al gobierno la retirada inmediata del anteproyecto de ley y el máximo respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento de la Constitución.

ANEXO: Texto del manifiesto Libertad 2.0:

Una vez conocido que el anteproyecto de “Ley de Economía Sostenible” pretende liquidar derechos inherentes a las personas como la libertad de expresión, la libertad de mercado, así como la Justicia (violando la presunción de inocencia y el derecho a la tutela judicial efectiva), con el fin de otorgar privilegios feudales a una industria obsoleta, tecnófoba y caduca que se resiste a introducir los cambios necesarios para adaptarse al progreso, han elaborado el siguiente manifiesto en defensa de la libertad y los derechos civiles que invitan a suscribir a cuantos ciudadanos  y asociaciones o movimientos cívicos quieran.

Consideramos que:

1.- Los derechos de autor no son más que el argumento esgrimido por el gobierno parainstaurar la censura y liquidar la libertad de expresión. No estamos en una batalla contra los creadores sino en una lucha por la defensa de nuestras libertades y derechos civiles.

2.- Los derechos de autor y propiedad intelectual no pueden vulnerar en ningún caso derechos fundamentales de los ciudadanos ni se puede admitir que en su nombre  se liquide la Justicia.

3.- La libertad de expresión o información no puede, en una sociedad abierta, quedar en manos de una comisión administrativa que decida qué blogs/webs tienen derecho a existir y cuáles no. Y tal es la medida que el gobierno ha introducido en el despojo legal llamado “Ley de Economía Sostenible”, al articular la Sección Segunda (SS), que será una comisión formada por personas designadas por políticos que decidirá qué contenidos son admisibles y cuáles no.

4.- Un aumento de la libertad en el intercambio de información nunca podrá ser alcanzado por vías políticas, sino por el desarrollo de nuevas técnicas de comunicación. Internet ofrece por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de comunicar de ciudadano a ciudadano de forma multimedial. De esta manera los propietarios de los medios de comunicación tradicionales -claramente influenciables por lobbies políticos y/ó gubernamentales-  pierden su posición de monopolistas y “guardianes” de la información. Los periodistas profesionales han de hacer frente a la competencia nacida en internet, la cual ya es herramienta efectiva a la hora de verificar la veracidad de las afirmaciones periodísticas.

Entendemos que desde la Ley de Economía Sostenible se pretende, sobre todo, salvaguardar los derechos y privilegios de quienes de forma tradicional han contribuído al establecimiento de vías políticamente adecuadas a sus propios intereses y no al servicio de la veracidad informativa.

5.- Los enlaces en ningún caso constituyen un delito, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones los tribunales españoles y existe un derecho a copia privada que desde el gobierno, sometido y entregado a lobbies de presión, se quiere criminalizar. Los internautas son “piratas”, se afirma desde el poder y sus terminales mediáticas.

6.- El intercambio libre y voluntario de archivos (como de libros o de discos) no sólo no es un delito, sino que tipificarlo como tal es un atentado contra la libertad de los ciudadanos.

7.-  Como se afirmaba en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por cientos de miles de ciudadanos, “intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo”.

8.- El modelo propuesto por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevará, por el cada vez mayor desapego de los ciudadanos hacia ellos y lo que a día de hoy representan,  a la ruina a unos creadores, cuyo derecho de creación vulnera esta ley, engañados por sus cada vez más acaudaladas entidades de gestión. Además, al introducir inseguridad jurídica, resultará notablemente dañina entre los empresarios del sector.

Por todo ello:

1.- Exigimos la inmediata retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible y la dimisión de las ministras responsables de la comisión de este atentado contra la libertad de los ciudadanos, Elena Salgado y Ángeles González-Sinde.

2.- Así mismo exigimos la inmediata retirada del canon digital, por criminalizar a los ciudadanos presuponiendo que van a cometer un delito e imponiendo un impuesto, otro más, sobre la población para así mantener a los privilegiados por la casta política.

3.- Que se modifique la legislación para que las entidades de gestión de derechos de autor dejen de poder ejercer presiones intolerables sobre los ciudadanos y que se auditen de forma inmediata las cuentas de todas estas entidades.

4.- Animamos a los ciudadanos a difundir este manifiesto por cualesquiera medios estén a su alcance y a darle la máxima difusión a nivel nacional e internacional, así como a colaborar en cualquier iniciativa puesta en marcha en contra de la “Ley de Economía Sostenible”.

2010
01/20
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David Bravo: “La nueva ley de Internet no permite al juez entrar en el fondo del asunto”

- Entrevista en 20minutos.es -

Bravo: "La nueva ley de Internet no permite al juez entrar en el fondo del asunto" (Imagen: ARCHIVO)
  • El experto en Derecho Informático aclara algunos de los puntos de la nueva ley que regulará Internet.
  • Asegura que será la Comisión de Propiedad Intelectual, y no un juez, quien determine si un contenido ha infringido la normativa.
  • Los procesos para recurrir serán largos y tediosos.

C. H.. 08.01.2010 – 22.49 h

Viñeta de apoyo al Manifiesto en defensa de los derechos en Internet.Una vez aprobada la ley que facilitará el cierre de aquellas páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual, existen aún muchos aspectos de la nueva medida que se desconocen.

Tal y como advierte David Bravo, abogado especialista en temas de Propiedad Intelectual, no será hasta el lunes, día en el que se publicará la ley, cuando podremos conocerla al detalle. Mientras, Bravo trata de arrojar un poco de luz en los aspectos más confusos de la medida.

¿En qué consistirá el nuevo proceso para cerrar una web?

La Comisión de la Propiedad Intelectual, órgano creado por el Ministerio de Cultura, se dirigirá al responsable de la página web que considera que ha vulnerado los derechos de Propiedad Intelectual y le pedirá la retirada del contenido conflictivo. Si éste no es retirado después de que la comisión lo haya solicitado hasta en dos ocasiones,  el denunciado podrá presentarle sus alegaciones.

¿Quién decidirá que una web ha infringido los derechos de Propiedad Intelectual?

Será la propia Comisión de Propiedad Intelectual la que decida si hay infracción Será la propia comisión la que decidirá si hay o no hay infracción, no un juez. La decisión del cierre pertenecerá, por lo tanto, a ese organismo. Una vez que haya determinado que existe infracción, la comisión sí se dirigirá al juez, pero no para preguntarle si considera que la página denunciada ha vulnerado los derechos de Propiedad Intelectual. La pregunta que formulará la comisión al juez será: “¿Quitar este contenido afecta al derecho de la libertad de expresión o de información del dueño de la página?”.  Esa será la cuestión a la que responda el juez, sólo a eso. Por lo tanto, al magistrado no se le permitirá entrar en el fondo del asunto, sólo se pronunciará sobre una cuestión accesoria al cierre.

¿A quién puede recurrir el propietario de una página web si se ordena su cierre?

Habrá que ver el reglamento en su momento, tengo que recordar que todavía no ha sido publicado. Una vez que al propietario le han cerrado una web en un proceso administrativo, deberá agotar todas todas las herramientas que el procedimiento administrativo le facilita para defenderse. Le espera, por lo tanto, un largo peregrinaje. Después de agotar esa vía, podrá, supongo,  recurrir a los tribunales ordinarios, pero ya con un largo procedimiento administrativo a sus espaldas. Sólo quienes tengan dinero, tiempo y ganas se meterán en este procedimiento, pero eso no lo hará nadie a no ser que sea Google, no creo que los particulares se vayan a meter en estos cristos. Además, durante todo ese tiempo la página estará cerrada, porque las decisiones en vías administrativas se ejecutan independientemente de que hayan sido recurridas.

¿Hasta donde podrá llegar la ley en la práctica? ¿Sólo afectará a los portales que se lucren?

Lo que el Gobierno diga contra quién se va a utilizar este arma, es irrelevante, porque en realidad puede utilizarse contra quienes los demandantes deseen. En realidad, está diseñada para acabar con cualquiera que se considera que ha vulnerado los derechos de la propiedad intelectual, no sólo con determinadas páginas. Es absurdo que el Gobierno esté tratando de tranquilizarnos diciendo que sólo va a “disparar contra los malos”, cando ha planificado una medida con capacidad de mucho más.

2010
01/10
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La carta de Montilla

Esta mañana, la prensa se hace eco de la carta que ha enviado el president Montilla a unas 200 instituciones, así como de las reacciones que ello ha suscitado por parte de las distintas formaciones políticas del Parlament.

En dicha carta, el presidente de la Generalitat da las gracias a las entidades de la sociedad civil que se adhirieron al editorial conjunto de hace unas semanas (editorial cuyo objetivo no era otro que presionar al Tribunal Constitucional para que decida en un sentido determinado sobre la constitucionalidad del Estatut).
Con este gesto, Montilla ha vuelto a ejercer de presidente de unos pocos, empleando su cargo de forma parcial y dando la espalda a los catalanes que creemos que hay que respetar las leyes y las decisiones de los tribunales siempre, nos gusten o no.

El sr. Montilla comete varios errores a lo largo del texto, algunos de ellos de proporciones considerables. Creo que uno de los más importantes es atribuirle al susodicho editorial virtudes que no tiene: “[el editorial conjunto] pone de relieve en su forma y en su fondo la voluntad de los ciudadanos de Cataluña de defender el Estatuto aprobado mayoritariamente en referéndum”. Respecto a la segunda parte de la frase, hay que decir -pese a que ya se haya repetido hasta la saciedad- que en el referéndum en cuestión lo que ganó mayoritariamente fue la abstención, aunque el sí ganase por mayoría. Probablemente el elevado nivel de abstención refleje que los catalanes no creíamos necesario un nuevo Estatut.
En cuanto a que el editorial ponga de relieve la voluntad de los ciudadanos de Cataluña, me remito a la expresión en latín: “nemo dat quod non habet” (nadie puede dar lo que no tiene), ya que la publicación de dicho editorial lo único que refleja es la voluntad de las direcciones de los respectivos periódicos, de la misma manera que la adhesión de las entidades destinatarias es reflejo lo que han decidido sus respectivos consejos de dirección o de gobierno, no del conjunto de quienes las conforman.

En el siguiente párrafo de su carta, Montilla hace mención de una conocida frase de JFK: “Habéis convertido en hechos aquellas conocidas palabras: «No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país»”.
En esta frase, de nuevo se deja entrever la obsesión sectarista del oasis por repartir carnés de buen y mal catalán, según las ideas que uno tenga: Según Montilla, los únicos que están “haciendo algo por su país” (Cataluña, en este caso) son los que presionan al TC y creen que el Estatut debe dejarse como está. Así pues, parece ser que quienes defendemos otras ideas, no lo hacemos pensando en qué es lo mejor para Cataluña.
Este sectarismo se aprecia también en la despedida del president: “Espero que hagáis realidad todos vuestros proyectos. Contad, siempre, con el apoyo del Gobierno de Cataluña y con mi compromiso personal de apoyaros en todo aquello que esté en nuestras manos”.

Así pues, a todos los que no podemos contar con el apoyo del Govern, ni con el compromiso personal del sr. Montilla, la única opción que nos queda es apañárnoslas por nuestra cuenta, y dejárselo claro en las próximas elecciones al Parlament: Cataluña somos todos y no hay ni buenos, ni malos catalanes sino, simplemente, catalanes.

En cuanto al president, creo que debería reflexionar sobre sus prioridades. Debería dejar de actuar de modo caciquil y aplicarse a él mismo la frase de JFK: No pienses qué puede hacer la sociedad civil por tí, sino qué puedes hacer tú por la sociedad civil.
A lo mejor así empezará a darse cuenta de cuáles son las verdaderas prioridades y preocupaciones de los catalanes. El tiempo que malgasta el sr. Montilla enviando cartas a medios de comunicación e instituciones afines a él, podría invertirlo en intentar que los catalanes dejen de ser los que más sufren el paro de toda España.

David Liern

ANEXO: Haciendo click aquí podéis encontrar la carta de Montilla, en formato PDF.

2010
01/07
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C’s defiende la limitación de mandatos de los cargos públicos y el resto de partidos se oponen

- Nota de prensa -

Nuestra propuesta de limitar los mandatos tiene el claro objetivo de mejorar nuestro sistema democrático, poder contar con mecanismos que pongan freno al clientelismo político.

El presidente de Ciutadans (C’s), Albert Rivera, y la diputada Carmen de Rivera han defendido hoy, en la ponencia sobre la nueva ley electoral catalana, “que se limiten los mandatos de los cargos públicos, a dos o tres legislaturas como máximo, para evitar la partitocracia y dar paso a una democracia real; pero, sorprendentemente, todos los partidos catalanes se han opuesto”.

Albert Rivera ha lamentado esta negativa y ha declarado: “Nuestra propuesta de limitar los mandatos tiene el claro objetivo de mejorar nuestro sistema democrático, poder contar con mecanismos que pongan freno al clientelismo político, pero, ha quedado demostrado, desgraciadamente, que los que ostentan el poder no quieren perderlo”.

“Desde C’s, seguiremos luchando para conseguir una mayor transparencia política y para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos porque creemos que la política debe ser vocacional y temporal y no una profesión vitalicia” ha añadido Rivera.

Además, C’s ha defendido el desbloqueo de las listas electorales, “para que los ciudadanos puedan escoger a sus candidatos”, frente a la resistencia de los partidos mayoritarios”.

2009
12/23
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En defensa de los derechos fundamentales en internet

Me adhiero completamente, y os invito a hacer lo mismo, a este manifiesto. Deseo invitaros también a que os unáis al grupo de Facebook (click aquí) que se ha creado para apoyar y difundir el Manifiesto que, mientras escribo estas líneas, consta ya con más de 52.000 miembros.

En defensa de los derechos fundamentales en internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

También está disponible en inglés, catalán, gallego, asturiano, aragonés y portugués brasileiro.

2009
12/03
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