En el pleno de ayer del Parlament se evidenció el poco interés del “oasis” por acercarse a los ciudadanos de a pie, y hacer caso a las reivindicaciones de éstos.
Montilla contestó, no sólo dando la espalda – de forma física – al diputado que le interpelaba, sino también dándosela a todos los catalanes que, indignados, han asistido últimamente a un verdadero escándalo de corrupciones en el oasis, que cada vez salpica a más gente.
Con el acto de contraprogramación mental que organiza C’s todos los años el 11 de septiembre, muchos nacionalistas catalanes infieren el criptonacionalismo español de este partidito por no hacer lo propio el 12 de octubre. En esta fecha, como millones de españoles, el partido en cuestión opta por irse de puente, ya que no tiene nada particular que celebrar.No tiene el más mínimo interés en participar en un relato solemne sobre la gens que le confiera sustancia a un ente nacional. En definitiva, no es un partido nacionalista español. En realidad, C’s es constitucionalista, aboga por las constituciones como elementos creadores de sujetos políticos, por lo que celebra el 6 de diciembre, fecha en la que en este país se constituyó la ciudadanía en un Estado social y democrático de derecho.
Ciertamente, que el 12 de octubre sea festivo es discutible, como tantas otras festividades (la Inmaculada Concepción, la Asunción, Todos los santos, la Semana Santa, etc.) que para la mayoría no tienen más significado que una ocasión para no ir a trabajar y, si la cartera acompaña, permitir irse por ahí unos pocos días. Se podría modificar el criterio, pero lo que es seguro es que nadie está dispuesto a perder días festivos por una razón de coherencia. Es sin duda un debate complejo que traspasaría la mera fecha en cuestión.
Bien, y ¿el 11 de septiembre? Pues aquí hay una diferencia notoria. En esta entrañable fecha las autoridades públicas participan en una ficción cargada de falsedades con un propósito político evidente en el que no todos los catalanes participamos ni tenemos por qué participar. Se podrá argüir que de la misma forma que en el 12 de octubre. Lo que pasa es que yo no he visto a ninguna autoridad pública clamando por la unión de todos los países hispánicos ni tan siquiera poniéndole cargado de solemnidad flores a la tumba de Colón. Los fastos se limitan a un desfile militar que si bien puede ser de un gusto controvertido, cuanto menos es un reconocimiento a la labor de los militares que sin posibilidad de rechistar son enviados a destinos aún más controvertidos. Discutible también, sin duda, pero nuevamente ésa sería otra cuestión.
Efectivamente, hay unos cuantos individuos que sí gustan en envolverse en banderas rojigualdas el 12 de octubre y lanzar proclamas de exaltación nacionalista española. Ahora bien, éstos no dejan de ser un puñado de grupúsculos marginales con los que existe la acertada convención de etiquetar como extrema derecha. Coincido. Ahora bien, sería de agradecer que se llevara a cabo un ejercicio de coherencia y a los del 11 de septiembre se les brindara la misma consideración. Ojalá que los de las antorchas fueran un mero grupúsculo marginal etiquetado como lo que son, extrema derecha.
Jaume Mestre, historiador, y miembro de la Sectorial de Jóvenes de C’s
El pasado jueves terminó mi primer pleno en el Parlamento de Cataluña, desde que, hace escasos, días tome posesión del acta de diputada por Ciudadanos (C’s).
Propuestas de Resolución subsiguientes al debate sobre la Orientación de Política General que presentan los Diputados Albert Rivera Díaz y Carmen de Rivera Pla, pertenecientes a la formación CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA:
- Artículo de opinión en EL PAÍS -
No se me ocurría ninguna idea para este artículo. E hice lo que suele hacerse en estos casos: encargué un informe a un amigo. Recibí un texto estupendo, 40 folios encuadernados en plástico con un título de lo más profesional: Consultoría técnica de contenidos y asistencia técnica para colaboradores del departamento de opinión.
Un informe realmente exhaustivo, se lo aseguro, dividido en dos partes. La primera, de 39 folios, contenía fotocopias de artículos publicados en otros diarios, con subrayados y notas sobre lo que era copiable (subapartado a), lo que era refritable (subapartado b) y lo que convenía no tocar (subapartado c). Este último subapartado estaba lleno de sutileza. Indicaba, por ejemplo, que no me convenía explicar que había desayunado un pavo relleno con callos, garbanzos y butifarras. “Lo que en la columna de Quim Monzó resulta enteramente natural, quedaría tal vez impostado si lo dijera usted”. ¿Qué les parece? La segunda parte, de un folio, se centraba en los aspectos más estrictamente técnicos: 4.000 pulsaciones, a ser posible sin faltas de ortografía, y un título breve y sugerente (se desaconsejaba vivamente el título Miscelánea del miércoles).
Estos asesoramientos externos, realizados por profesionales de prestigio (todos mis amigos lo son), son muy convenientes en mi trabajo. Imprescindibles, diría. Quedé muy contento con Consultoría técnica de contenidos, etcétera, porque delimitaba con claridad mi ámbito de actuación y me proporcionaba herramientas muy útiles para la confección de este artículo y, contando con la benevolencia de mis jefes, otros artículos en el futuro. Por supuesto, no se puede esperar que un informe de sólo 40 folios resuelva de una vez todos los problemas. La base era sólida. Sin embargo, seguía sin ocurrírseme una idea para llenar los 4.000 espacios.
Le encargué otro informe a otro amigo, y en un tiempo muy razonable (sólo siete semanas) llegó a mi mesa uno de los estudios más concienzudos que he leído: 18 folios rebosantes de datos. Ahora sé, por ejemplo, que Joan Barril ha escrito la palabra concepto en 64 ocasiones desde el mes de mayo y que Salvador Sostres ha conseguido siempre (durante el periodo estudiado en su caso, los últimos 23 años) incluir el adjetivo penoso en cualquier párrafo que contuviera el término socialismo. Comprenderán ustedes que con esta documentación a mano resulta más fácil escribir un artículo. Más fácil y más seguro. Siempre que se tenga una idea, claro está.
Pero donde no hay ideas, hay amigos. Encargué otro informe, esta vez ya con un poco más de prisa: ¡ah, señores, la tiranía del cierre! El texto me llegó enseguida, y en papel reciclado, ¡ojo! Por desgracia, y porque las prisas son malas, hubo un error. O yo me expliqué mal o mi amigo (un profesional excelente) no me entendió del todo bien. Su informe, La influencia del calentamiento global en la política de fichajes del CE Sabadell FC, no era lo que me hacía falta en este momento. Lo cual no significa que no resulte utilísimo más adelante, por lo que lo dejé en el cajón de los temas potencialmente interesantes.
Muy agobiado, llamé a un amigo que hace informes y le rogué que me enviara algo, lo que fuera, porque se me echaba el tiempo encima. En una hora me hizo llegar el estudio Joan Puigcercós, hombre de Estado, advirtiéndome que podía hacerme un precio muy bueno porque ya se lo había vendido cinco veces a Joan Puigcercós, hombre de Estado, y en la industria del informe, como en casi todas, la producción a gran escala abarata los costes.
En fin, qué voy a decirles. Nada nuevo, me temo. Me extendería en el tema “Joan Puigcercós, hombre de Estado” porque cuento con documentación significativa y relevante sobre el mismo, pero me parece un poco obvio. A Joan Puigcercós le conocen muy bien todos ustedes: es el hombre de Estado que sale en Polònia.
Voy a encargar unos informes para la semana próxima. Y a pasar las facturas de los ya recibidos. Aunque podrían parecer carillos (nada del otro mundo: 71.071 euros, todo incluido) y la prensa, lo sabemos, no tiene un duro, no hay nada como un informe para que el trabajo salga bien hecho. Además, no los pago yo. Y más además, ¿para qué están los amigos?
Enric González
- Noticia en Que.es -
El letrado sevillano Joaquin Moeckel exigió en los tribunales la devolución del canon digital en la compra de cuatro CDs que empleó para su trabajo. Lo ha conseguido.
El canon digital, una de las medidas más polémicas de los últimos tiempos, se ha topado con la perseverancia del abogado sevillano Joaquín Moeckel. Según relata abc.es, el letrado se indignó cuando, tras la compra de cuatro CDs en abril de 2008 para copiar referencias judiciales pidió la factura desglosada: comprobó que de cada 0,73 euros que le costaba cada unidad, 0,45 correspondía al coste del CD y 0,28 al canon de la SGAE.
Es decir, en total 1,12 euros de tributo que ahora una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha reconocido como suyos.
La sentencia supone un varapalo a la SGAE que ahora podría tener que hacer frente a una avalancha de reclamaciones por parte de los profesionales e instituciones públicas que destinan los CDs a usos bien diferentes de la ‘copia pirata’.
- Relacionado: Nota de prensa -
Ciutadans ha solicitado a las administraciones implicadas en la gestión del Orfeo Català que depuren responsabilidades políticas entre sus responsables, puesto que ha sido demostrado que han existido negligencias tanto en los controles de las subvenciones recibidas por el Palau, como en el menosprecio de los informes de la Sindicatura de Cuentas. Asimismo, Rivera ha anunciado que en el Pleno de la próxima semana, demandará que en la Cámara Catalana se den explicaciones sobre la gestión del reparto del dinero público.
En el caso de los informes de la Generalitat, Albert Rivera ha declarado que “las conclusiones de la auditoría eran claras, que se habían despilfarrado recursos en informes innecesarios, cuyo precio estaba sobrevalorado y que podían haberse realizado por los técnicos de las consejerías, unas conclusiones que estaban provocando apatía y desconfianza en la sociedad, que podría traducirse en una crisis institucional”.
Para finalizar, Albert Rivera ha solicitado que “este caso no se convierta en el caso del 3% del primer tripartit, cuando no se depuraron responsabilidades políticas, ni se llegaron a esclarecer todas las conexiones, simplemente, se paso página”. C’s ha anunciado que llevara una propuesta de resolución en el próximo Pleno “encaminada a controlar las subvenciones y el despilfarro del dinero público por parte de la Generalitat”.
- Artículo de opinión publicado en LA VANGUARDIA del día 17/09/2009 -
En Cataluña está pasando algo que ahora empieza a percibirse, ya incubado hace tiempo: a través de los medios se trata impunemente, con menosprecio y deslealtad, a la ley y a los poderes públicos.
El lunes pasado, el president de la Generalitat José Montilla pronunció en Madrid una frase memorable: “Mientras yo sea presidente, en Cataluña se cumplirá la ley”. ¿Por qué digo que esta frase es memorable cuando se trata de una obviedad que en cualquier Estado de Derecho no hace falta ni siquiera proclamar porque se da siempre por supuesta? Pues precisamente por eso: algo que no debería ser noticia aquí lo es y va en titulares.
En Cataluña está pasando algo que ahora empieza a percibirse claramente pero que lleva incubándose desde hace ya tiempo: a través de los medios de comunicación se trata impunemente, con menosprecio y deslealtad, a la ley y a los poderes públicos. Una buena parte de los políticos y de los periodistas y colaboradores de los medios consideran a las leyes y a los poderes públicos con una doble vara de medir: las leyes catalanas son las legítimas y las españolas, aunque hay que acatarlas por obligación jurídica, son leyes impuestas. Por tanto, la lealtad plena – ética y jurídica – se predica sólo de las primeras, mientras que las segundas obligan jurídicamente pero no moralmente. Proclamar su incumplimiento es visto incluso como un gesto patriótico de lealtad “al país”, esta brumosa forma de denominar a Cataluña en contraposición a España.
Si hacemos balance de lo que ha sucedido este verano con la ya famosa “respuesta institucional” a una hipotética sentencia del TC que considere, vía declaración de nulidad o vía interpretativa, que ciertos preceptos del Estatut son contrarios a la Constitución, queda ello perfectamente claro. Se ha declarado públicamente que había que presionar al TC, que el referéndum en Cataluña debe prevalecer sobre la sentencia, que Zapatero sería el responsable de dicha sentencia – como si manejara el Tribunal a su antojo -, que la sentencia debía incumplirse, que había que hacer un referéndum en Cataluña para derogarla o que Montilla debía encargarse de que el TC emitiera una resolución favorable. Todas estas ilegalidades, algunas incluso constitutivas de delito, las han propuesto, con el mayor descaro, políticos catalanes de primera fila: consellers del Govern, líderes de partidos políticos y ex -presidentes de la Generalitat.
Si se aceptan las reglas de un Estado de Derecho, ¿es normal dar una respuesta no jurídica sino política – desde las instituciones o en la calle – a las resoluciones de un órgano jurisdiccional, nada menos que al órgano garante de la Constitución? Para una mentalidad democrática resulta inconcebible. Ni los partidos que en Cataluña consideran que el Estatut contiene preceptos no adecuados a la Constitución, ni el mismo gobierno de Zapatero o el propio PSOE, que lo votó favorablemente, se les ha pasado por la cabeza dar una respuesta política a dicha resolución judicial, sea la que sea. Las sentencias se acatan y después, en su caso, mediante argumentos jurídicos – los únicos que puede utilizar un tribunal al pronunciarse –, se critican. Pero nunca los poderes públicos deben dar una respuesta institucional de carácter político.
¿Qué hubiera sucedido, supongamos, si durante este verano los partidos críticos con el Estatut hubieran comenzado a proponer respuestas parecidas, aunque de signo contrario, para presionar al TC? Sin duda hubieran sido tachados de anticatalanes y hasta de fascistas. Pero aquí está la diferencia: unos tienen la dignidad de respetar las reglas de derecho aunque ciertas resoluciones judiciales les sean adversas, mientras otros se lo permiten impunemente todo, es más, lo consideran natural y lógico. Algo pasa ahí, una cierta patología social, política o cultural, permite a algunos justificar esta falta de lealtad a la ley y a las instituciones de la democracia.
Lo más sorprendente, en este caso, es la seguridad de los nacionalistas catalanes respecto al contenido de una sentencia que todavía no se ha emitido. Por un lado afirman – como no podía ser menos – que el Estatut no contiene ninguna norma inconstitucional y, por otro, están convencidos de que el TC encontrará importantes motivos de inconstitucionalidad. ¿Cómo se entiende eso? ¿De dónde nace esta desconfianza? En el fondo, del victimismo. En efecto, la pregunta que no pueden dejar de formularse es la siguiente: ¿Cómo puede el TC, un órgano “español”, guardián de la Constitución “española”, respetar un Estatuto propuesto y ratificado por el pueblo de Cataluña? No les cabe en la cabeza. “¡Seguro que se lo cargan!”, piensan para satisfacer su íntima ansia de “ser víctimas de España”. Ni nada ni nadie puede desviarles de la idea según la cual todo aquello que provenga de las instituciones que ellos llaman “españolas” – connotándolas así como ajenas y hasta enemigas- debe serles, por definición, desfavorable.
Si comprendieran que la Constitución la aprobamos entre todos los españoles, incluidos los catalanes, que las Cortes Generales que aprueban leyes – entre ellas el Estatut – y eligen directa o indirectamente a los magistrados del TC, están compuestas de diputados y senadores representantes de todos, también de los catalanes, quizás llegarían a la conclusión de que la obligación democrática – jurídica y ética – es, antes que nada, cumplir con la ley y obedecer a las instituciones, aunque se discrepe de ellas. Está bien lo que ha dicho Montilla en Madrid: a ver si lo asumen los miembros de su gobierno. En la deslealtad a la ley siempre está la semilla de la discordia.
Francesc de Carreras Serra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Para referirse a los últimos acontecimientos del día 13 sin perjudicar el buen nombre de Arenys de Munt y del conjunto de sus habitantes, habrá que buscar un nombre: mi propuesta es que sea Arenys de Menys.
Tras la pantomima del pretendido referéndum independentista y frente a la euforia de los sectores nacionalistas, a los demócratas nos queda un convencimiento triste y amargo: una votación que dé como resultado, para una cualquiera de las opciones propuestas, un porcentaje superior al 90%, sólo admite dos opciones:
La consulta es obvia y por tanto totalmente improcedente (no es el caso) ó las condiciones en que se ha realizado no reúnen las mínimas garantías democráticas.
En el caso de Arenys de Munt, estamos claramente en el segundo caso, y es que de entrada se ha establecido una edad mínima inferior a la admitida por la Ley Electoral, los organizadores no tienen capacidad legal para disponer del Censo, etc. y por si esto fuera poco, la Justicia lo ha declarado ilegal.
Además de los aspectos legales también los hay puramente políticos, y es que no se puede invocar a la democracia para imponer a los demás la opinión o pensamiento de unos cuantos, y es que el día 13 olvidaron por completo que la democracia exige que todas aquellas personas a quienes concierne una decisión, puedan libremente expresar su voluntad mediante el voto; cuando, como en este caso, sólo se permite votar a unos pocos con la intención de imponer ese resultado a los demás, estamos ante una tiranía.
Es de resaltar la pasividad de aquellos que deberían ser garantes de nuestra democracia y de nuestras libertades: ni el Gobierno Central ha movido un dedo, ni la Generalitat ha tomado cartas en el asunto: ¡Peligro! Podría perjudicarles, a los primeros de cara a los Presupuestos 2010 y a los segundos de cara al próximo Tripartito; estamos como siempre: lo importante es asegurar la poltrona y sus privilegios por encima de todo, al fin y al cabo, después del desastre de Cercanías, la misma gente que tardaba una hora más en ir al trabajo, les votaron más que nunca…. Un refrán catalán dice “mentre hi hagi burros anirem a cavall” (mientras haya burros cabalgaremos).
En estas condiciones el independentismo catalán se atreve, sin que nadie rechiste, a apelar a la libertad de expresión y a la democracia, presentándose, una vez más, como victimas oprimidas y como paladines de la libertad, contando para ello con la inestimable colaboración de aquellos Medios de Comunicación fieles al clientelismo subvencionado, que presentan la noticia como un ejemplo de democracia y el resultado como el acta que debe guiar a la democracia.
A los nacionalistas no les basta que los lobos guarden a los corderos, además exigen que se les considere a ellos los corderos y a los demás los lobos, de ese modo pueden justificarse y proclamar que los no nacionalistas son los opresores y totalitarios.
Para mí la pantomima del pasado domingo tiene una conclusión:
Hacer un referéndum democrático es algo más que una urna llena de papeletas.
Miguel-Angel Ibáñez, Regidor de C’s en Gavà, Secretario de Politica Municipal, y miembro del Comité Ejecutivo de C’s
- Noticia extraída de e-noticies -
- Enlace a la web de la campaña, “Vamos a contar diadas” -
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha asegurado que el catalanismo “es una religión” porque, durante el acto de conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del presidente Francesc Macià, los expresidentes Pujol y Maragall “te decían los valores del catalanismo. Cómo tienes que actuar, vestir, como te tienes que comportar para transmitir el evangelio, el nacionalismo”.
En el acto de Ciutadans, Vamos a contar Diadas, el líder de la formación ha manifestado que “todo esto está pasado de moda” y ha pedido una Diada “que represente a cada uno de los catalanes. no queremos una Diada que enfrente a los catalanes. No queremos na Diada de quema de banderas. No queremos una Diada de estelades colgadas en los ayuntamientos ni una Diada de ex presidentes diciendo tonteries”.
David Liern
